MENSAJE DE TEXTO LES DA LA BIENVENIDA

Mensaje de Texto es una revista que invita a ir más allá de las discusiones coyunturales acerca de las cuestiones que nos preocupan como vecinos de esta comunidad a la que amamos y en la cual vivimos.
El objetivo de esta publicación gráfica es continuar trabajando en la reconstrucción de los vínculos de representación social, educativa, cultural y política, esenciales para el mejoramiento de la democracia local en San Isidro. Propone debatir y reflexionar en profundidad las problemáticas cotidianas a las que nos enfrentamos en cada barrio y localidad, que habilite una mirada integral que incluya a todos sus protagonistas.
Es por ello que en el primer número, el tema central que nos ocupa, es la comprensión y aprendizaje acerca de los Derechos Humanos que nos asiste como vecinos de San Isidro, a interpretar cuáles son las obligaciones y responsabilidades del Gobierno Municipal para garantizar el ejercicio pleno de éstos.
Nos preguntamos, como parte de la comunidad, cuánto sabemos con respecto a los derechos que por acción u omisión pueden o se vulneran periódicamente en nuestro municipio. Y planteamos propuestas de políticas públicas que necesariamente el gobierno municipal debería llevar adelante para salvaguardar los mismos y no ejecuta.
En este sentido realizamos una encuesta, cuya muestra fue de más 200 vecinos, abarcando las cinco localidades que constituyen el partido. La población elegida fue hombres y mujeres, mayores de 21 años. A los que se realizaron tres preguntas que relacionan los distintos aspectos que presentan los derechos humanos a nivel nacional, local y la relación entre ambos.
Dos experiencias de vida distintas. El reportaje a Raquel Witis nos deja una importante enseñanza desde su tragedia familiar, con respecto al ejercicio responsable de los derechos humanos y el rol que le compete al Estado como garante de su protección.
En tanto la otra historia de vida relatada en primera persona, por el compañero Alfredo Ayala, víctima de la última dictadura genocida es la contracara de un Estado que provoca terror, muerte y destrucción social.
Como cierre de nuestra primera edición, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, nos comenta los avances realizados a través del Gobierno, tomando como eje fundamental la implementación de políticas para la protección integral de los derechos del niño.
En suma, queremos invitarlos a que se animen a ser parte de esta nueva iniciativa que seguramente ya han recibido en sus hogares, gráficamente o por este medio en sus respectivas casillas de correo electrónico. Ojala en un futuro no muy lejano podamos juntos comenzar a trabajar en la realización de nuestros sueños, aspiraciones, proyectos y propuestas, convencidos que lo hacemos hoy es en procura de construir un San Isidro para Todos que merezca ser vivido por nuestros hijos. Muchas Gracias....Atte

Fabián Brest
Coordinador General de la Revista Mensaje de Texto mjedetexto@gmail.com

LOS DERECHOS HUMANOS EN SAN ISIDRO

*Por Santiago Cafiero
Lic. Ciencia Política, UBA

Toda sociedad se constituye como tal y forja su propia identidad a partir de la decisión intersubjetiva de compartir un proyecto de vida común, teniendo en cuenta las tradiciones, las costumbres y la cultura. Se establecen relaciones sociales, económicas, ideológicas, políticas y religiosas, que encuentran en la conformación del Estado su marco normativo, un orden en el cual debe garantizarse la convivencia entre sus integrantes.
Los Derechos Humanos resultan esenciales en la definición del modelo de sociedad, de Estado y de Régimen Político, del mismo modo que, el cercenamiento, omisión o ausencia de los mismos, conducen tarde o temprano a la disolución, desintegración social y crisis institucional. El sistema democrático jamás puede prescindir de ser garante del ejercicio pleno de los Derechos Humanos ya que es totalmente contradictorio con su supervivencia.
Nuestro país en distintos momentos de su historia ha transitado por períodos autoritarios y represivos que
instituían un orden caracterizado por el disciplinamiento social instrumentando la supresión de libertades individuales, garantías constitucionales y derechos políticos, de representación y participación. La última dictadura militar a fuerza de muerte y desapariciones produjo en nuestra sociedad un profundo conflicto que aún manifiesta señales contradictorias con respecto a la comprensión cultural acerca de la importancia de la defensa de los Derechos Humanos para nuestro desarrollo como nación. Durante los años 90´ esta discusión imprescindible quedó postergada bajo el discurso neoliberal de la reconciliación nacional.

Fieles a su concepción pragmática y reduccionista de la historia, el debate acerca de los derechos humanos quedó circunscripto a la idea de la pacificaciónentre los argentinos a través del perdón y los indultos a los genocidas del pasado. Para el neoliberalismo este mensaje resultaba central y fuertemente funcional al modelo económico de exclusión que llevaron adelante frente a una sociedad inmersa en una profunda crisis de identidad y pertenencia.
Por eso resulta sumamente importante comprender el alcance integral que conlleva el concepto de Derechos
Humanos. En el marco de principios tales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia y la libertad, los Derechos Humanos se definen como todos aquellos derechos civiles y políticos sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derecho a la nacionalidad, a la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión, de pensamiento y de religión. A esta categoría se la denomina Derechos de Primera Generación. Los de Segunda Generación constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, como el Derecho a la seguridad social, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derecho a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado que le asegure a la gente salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación. Y en cuanto a los derechos de Tercera Generación se encuentran los destinados a garantizar el desarrollo y crecimiento social, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, a la coexistencia pacífica, el medio ambiente, entre otros.
Tras la profunda crisis estructural del 2001 la iniciativa del gobierno del Presidente Néstor Kirchner de colocar como eje de su gestión la política integral de los Derechos Humanos es un paso fundamental para la construcción de un nuevo proyecto de país y de sociedad.
Cobra importancia entonces esta aproximación conceptual para la comprensión y aprendizaje acerca de los Derechos Humanos para poder entender qué papel juegan en el de las relaciones que, como vecinos, mantenemos en nuestra comunidad. En este sentido nos resulta imprescindible comenzar a realizarnos algunas preguntas al respecto; ¿cómo afectan el ejercicio pleno o no de los Derechos Humanos en nuestra vida cotidiana a nivel local?, ¿si son respetados y promovidos al conjunto de los vecinos?, y ¿quién o quienes deben garantizar la protección
de los mismos?

Partiendo de un análisis inicial podemos observar que, San Isidro, ocupa una dimensión de 48 Km2 con una
población que asciende los 298.000 habitantes distribuida en seis localidades; Acassuso, Beccar, Boulogne Sur Mer, Martínez, San Isidro y Villa Adelina. A lo largo de sus calles se percibe con claridad, la ausencia de una visión integral y la falta de un plan estratégico participativo, para el desarrollo y crecimiento equitativo en términos sociales, políticos y habitacionales.
Las asimetrías por tomar un ejemplo entre, Martínez y Villa Adelina, o más aún entre, Boulogne y San Isidro, dan cuenta de una visión sesgada y excluyente que hace difícil el camino hacia un proceso de integración del conjunto de la comunidad. La negación a la participación plena de los vecinos en el control y la toma de decisiones municipales a nivel institucional, cercenan el derecho legítimo de la comunidad, de poder debatir y elegir qué San Isidro pretendemos construir para los próximos 15 años.
Como contrapartida es posible observar a modo de ejemplo las frecuentes inyecciones de cemento que se suceden en emprendimientos propios de un buen negocio inmobiliario que resulta para unos pocos y uno muy malo para los vecinos, quienes ven transformada la fisonomía de su barrio o bien deben abandonarlo debido a que les es imposible sostenerse económicamente en el lugar donde se criaron o forjaron su identidad familiar.
Asimismo, esta falencia arroja un manto de duda sobre la planificación urbana del distrito, la protección ambiental, la pérdida de espacios verdes, la sobrecarga de servicios públicos. Este modelo centralizado de gestión de ciudad/municipio que excluye la participación efectiva de los vecinos en el diseño de su comunidad, no sólo ignora la diversidad y riqueza que surge del diálogo, sino que sólo se hace eco de los reclamos del mercado, funcional a la política de exclusión, marginación y pobreza.
Ante este avasallamiento que algunos presentan como inexorable hacemos hincapié en que, el gobierno local, debería inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas, para una justa distribución de las cargas y los beneficios del proceso de urbanizacióny; la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano.
Está encomendado a adoptar políticas de estado eficientes para prevenir la ocupación desordenada del territorio y la contaminación, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, y recuperación de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.
Respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y a promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientosurbanos, en procura de la defensa de los derechos de todos.
Hoy en día en otro orden vemos con perplejidad que Derechos prioritarios como al acceso a una vivienda digna y a la contención integral de los vecinos en situación de extrema pobreza, parecen ser olvidados tras el “inevitable avance del desarrollo”. Más de 28.000 sanisidrenses son pobres; 1.958 son analfabetos; el 35% no tiene cobertura médica alguna y 31.673 de nuestros vecinos están sin empleo.

Cuántos Derechos se ven vulnerados en cada uno de estos indicadores sociales; cuántas reivindicaciones de los muertos del ayer se muestran obsoletas ante esta realidad. Cuáles son los valores que mueven nuestra comunidad. San Isidro, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, niños y ancianos debe suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la reconstrucción de valores colectivos.
Todas las personas tienen derecho a la educación. La comuna, no debe asilarse de las políticas nacionales y provinciales, sino comprometerse fuertemente en garantizar el acceso a la educación elemental de todos los niños y niñas, y jóvenes en edad escolar independientemente de los indicadores de escolaridad. San Isidro no puede permitirse que ningún niño o joven se mantenga por fuera del sistema educativo. También debe ir más allá de la política de subsidios a la educación para adultos. En conjunto con otras instancias del gobierno, la municipalidad debe desarrollar un papel protagónico en la implementación de políticas para democratizar el acceso a la educación superior para los grupos vulnerables y no esperar que otros organismos se hagan cargo, ya que, desde la visión humanista y solidaria este es un rol indelegable.
Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. El gobierno local debe, contribuir seriamente, en la lucha contra el desempleo de nuestra comunidad. Asimismo, promover la actualización y la recalificación de los trabajadoresempleados o no, a través de la formación permanente. Generar políticas para la integración progresiva del comercio informal que realizan los vecinos de bajos ingresos o desempleados, evitando su eliminación; disponer de espacios para su ejercicio y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana. Y sobre todo atender los reclamos democráticamente de los trabajadores municipales para el mejoramiento de la calidad laboral de los mismos, como por ejemplo la situación por la que transitan los profesionales médicos del Hospital Central y del resto de los centros de asistencia bajo el sistema de salud municipal.
Todas las personas tienen derecho a la justicia. El municipio debe adoptar medidas, sin esquivar la real división de poderes, para mejorar el conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos que les asiste a los vecinos y el libre acceso a la justicia. Otorgar mecanismos especiales en favor de los grupos vulnerables de la población, y fortalecer los sistemas de defensa pública gratuita. La correcta administración de justicia debe contemplar un trato transparente, sin impunidad, con independencia del poder político. Más allá de que el gobierno local contribuya con empleados municipales a través de partidas presupuestarias dedicadas a tal fin, debe garantizarse la independencia de la justicia.
El gobierno local, para salvaguardar el principio de transparencia en la gestión, necesita redefinir la estructura administrativa de modo tal que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los ciudadanos y que los mismos puedan ejercer el derecho de control sobre las acciones y decisiones de quienes los representan en cada ámbito institucional. Conforme con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formular y aplicar
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad y la obligación de rendir cuentas. Asimismo, contemplar el derecho a la participación directa, equitativa y deliberativa en la definición de las políticas y presupuesto municipal, en canales institucionales, abiertos a todos los ciudadanos, organizaciones comunitarias y comisiones sectoriales y territoriales.
En suma resulta indispensable que todos comencemos a reflexionar y a asumir el papel fundamental que juega la implementación de políticas en San Isidro destinadas a promover y garantizar el pleno acceso a los Derechos Humanos. Como vemos, estos no sólo refieren a una reivindicación histórica y legítima de los 30.000 desaparecidos que produjo la dictadura genocida, sino que son presente y sobretodo futuro. San Isidro, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, niños y ancianos debe suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la reconstrucción de valores colectivos. La comunidad debe ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la reproducción social del hábitat.

Todas las personas tienen el derecho de encontrar en su localidad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad.

ENCUESTA: ¿Qué sabemos los sanisidrenses acerca de los Derechos Humanos?

Con la finalidad de conocer un poco más, la opinión y el conocimiento, de los vecinos de nuestra comunidad acerca de los Derechos Humanos, creímos conveniente realizar una muestra estadística sobre 258 casos distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de habitantes pertenecientes a cada una de las 5 localidades del distrito. El perfil de los entrevistados responde a las todas las condiciones socioeconómicas representadas en cada una de ellas, a los que se los dividió por sexo y edades (de 15 a 30/ 30 a 45/ 45 a 65). Aquí esta el resultado de la encuesta mencionada.

REPORTAJE A RAQUEL WITIS

“Hay principios que no son negociables, por ejemplo los derechos humanos”.

Raquel y Jorge Witis vecinos de Martínez, un matrimonio, al que le toco vivir la trágica pérdida su hijo MARIANO producto del gatillo fácil, hace tiempo tomo la decisión de apostar a la vida y a la memoria trabajando comprometidamente en la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
En la actualidad, Jorge y Raquel, junto a otros padres como Luís Bordón, Gustavo Melmann, Rosa Bru y Dolores Demonty, participan activamente en, el Plan Antimpunidad llevado adelante a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y además, son miembros de la Comisión de la Memoria de Zona Norte. Buscan desde este lugar sencillamente que ningún joven más sea fucilado, que no se repita la historia y que la vida sea respetada como valor supremo. Según Raquel…”En la calle esto lamentablemente no ocurre debido a diferentes situaciones, algunos integrantes de la fuerza de seguridad, no sólo desprecian la vida, sino que son irresponsables en su función. Una muestra es que los jóvenes son los más perseguidos y muchos por
portación de rostro o por vivir en un lugar determinado.

¿Y que rol juega ante estos hechos el tomar concienciao no acerca de los Derechos que nos competen como
ciudadanos?

Desde nuestra juventud tenemos en cuenta la existencia de las libertades civiles, los derechos ciudadanos y los derechos humanos en general. Pero el hecho en el que MARIANO fue asesinado, nos pegó un sacudón, que nos volvió a meter en la militancia directa nuevamente, si bien desde el lado particular de una familia que lucha por justicia. A raíz de esta situación límite no cambia la concepción acerca de los derechos humanos, cambia que, uno es más conciente de que existe un sector vulnerable que no tiene sus necesidades básicas satisfechas y que en general por ciertas fuerzas policiales e incluso en la justicia hay un tratamiento distinto hacia aquel que sí las tiene.

¿Cómo te encontraste con esta realidad donde el trato policial y la justicia generan diferencias según la procedencia social?

Mira por ejemplo, un joven de un barrio humilde es difícilque tenga acceso a la justicia y que sea bien tratado en un tribunal, esto lo hemos visto, como se ha tratado a la madre de Riquelme, el ladrón que muere al lado de MARIANO, cuando ella tuvo que ir al tribunal, como su hijo había cometido un delito, parecía que el trato tenía que ser diferente, el trato tiene que ser el mismo, si uno comete un delito, tendrá que hacerse cargo del mismo y si es un delito grave, tendrá que ser privado de su libertad, pero nada más que eso, su vida de cualquier manera tiene que ser digna y tiene que tener todos los recursos, la defensa, el acceso a la justicia, que merece cualquier otro ciudadano ejemplar.

¿Qué es necesario para que los sectores socialmente vulnerables puedan acceder al ejercicio pleno de sus Derechos Humanos?

Desde el Estado, se han generado políticas públicas pero aún son insuficientes, tenemos una gran cantidad de la población todavía en la pobreza. Hay que generar las políticas públicas, para cubrir esas necesidades, por que un ser humano que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, no puede comprender tampoco, verdades morales. Todos los sectores tenemos que aportar, partiendo de una definición, sobre que es seguridad, y de que hay principios que no son negociables, por ejemplo los derechos humanos. Partiendo de esta base, como sociedad, estamos preparados para discutir y generar desde el estado, estas políticas, por que el estado es el principal responsable de esto, pero desde la sociedad también, comprometiéndonos desde el lugarcito, cada uno en aportar a esto. Y creo que estamos en esto por que todavía hay sectores que marginan y excluyen. Sin inclusión no hay seguridad parar nadie.

Raquel, existen sectores de nuestra sociedad que reclaman mayores niveles de seguridad a través del endurecimiento de las normas vigentes y de la denominada política de “Mano Dura” ¿cuál es tu opinión al respecto?

Creo que hay algunos que lo hacen con una intencionalidad, para llevar agua para su molino, de apoyarse en la disconformidad de los sectores que han sido víctimas de hechos del delito o de los abusos de alguna índole, para no perder sus privilegios, y hay gente que desde el pueblo que es víctima le da crédito a discursos que realmente no pueden traer soluciones, en general cuando la cuestión se aborda por el tema de la represión del endurecimiento de las penas y de todo ese discurso de la mano dura, MARIANO, es una víctima directa del discurso de mano dura, de Carlos Ruckauf.

Ahora bien ¿cómo se puede revertir esta visión cuando cotidianamente los medios de comunicación nos muestran una realidad signada de hechos delictivos?

Los medios juegan en esto un papel muy importante, delito hay, pero no en los niveles que marcan los medios
y hay autoridades de aplicación, algunos jueces y algunos fiscales, que realmente son irresponsables en su función. Por ejemplo del 25% de los casos que llegan a juicio, hay un gran porcentaje que nunca debería de haber llegado a juicio, por que es una causa armada, por que no se investigó lo suficiente y los responsables en realidad del delito no son los que terminaron presos. Entonces los jueces ylos fiscales son también responsables. Sabemos que en algunos barrios, los pibes roban para la policía, la policía les cobra peaje, el paco muchas veces está relacionado a la policía, que en otros casos hay una connivencia política judicial y policial para que se produzcan estos hechos, el servicio penitenciario, las cárceles son depósitos de personas,
lugares indignos.

¿Es posible encontrar un camino común para encarar seriamente el problema de la inseguridad?

Una solución sería, tratar de salir a debatir con estos sectores y llegar a un consenso, acordar que es seguridad, por ejemplo lo que es seguridad para mi, no es seguridad para muchos, a mí no me da seguridad los móviles policiales en la calle, pero a otras personas si, entonces sentémonos debatamos, lleguemos a un consenso y a partir de allí, avancemos. Desde la provincia de Buenos Aires, desde el ministerio de seguridad, se firmó un acta acuerdo donde participaron empresarios, la iglesia, sindicatos, educación, ONG, se firmó, seguridad igual a ciudadanía más inclusión. Por supuesto que hay que seguir profundizandolo, es un inicio, pero uno va avanzando, este debate hay que
darlo en la sociedad.

¿Qué acciones concretas se llevan adelante desde el Plan Antimpunidad del cual formas parte?

Desde el programa, y a partir de una presentación judicial, se busca soslayar si en esa denuncia hay algún conato de impunidad. En ese caso, la denuncia ingresa al programa, y se trata de canalizar y que llegue a juicio, o se habla con los fiscales y los jueces para que reciban a las personas. Después de estos casos va a surgir una estadística y de allí políticas públicas que apunten a romper con estos mecanismos de impunidad presentes en todas las instituciones a nivel nacional.

¿Qué opinión te merece la existencia o no de políticas institucionales de Derechos Humanos en San Isidro y la Región Metropolitana Norte?

Para el caso de San Isidro, algunas cosas faltan, debería tener una dirección de derechos humanos, como todos los municipios, obligación impuesta por un decreto provincial.
En Vicente López hay un defensor del pueblo, mientras en San Isidro no lo hay. Esto marca una tendencia, siempre es una molestia que la ciudadanía tenga canales de expresión, por que es una puerta para el cuestionamiento. A pesar de que el lema de San Isidro es que San Isidro es distinto, no es demasiado distinto del resto de los municipios. Por ejemplo, los móviles de cuidado comunitario, muchas veces, siguen el patrón de todas las demás fuerzas de seguridad, de detener a los jóvenes morochitos, vendedores ambulantes, o cartoneros. Esto es el patrón de la seguridad que tiene una dirección social marcada y que a nosotros no nos satisface.

¿A qué le atribuís este temor o molestia institucional a la participación y control de los vecinos?

No debería ser una molestia, al contrario, por que de la participación uno se enriquece, de la diversidad surgen ideas más completas. Lo que sucede es que a algunos políticos no les gusta aceptar una mirada diferente, una mayor exigencia de transparencia en todas sus acciones. De todas formas tenemos que acostumbrar a nuestras autoridades a valorar la transparencia, ya que es lo que le permite a uno trabajar bien y avanzar como sociedad. En el plano local, los municipios están más cerca de los problemas, y las soluciones pueden llegar más rápido, deberían implementarse políticas de construcción de ciudadanía con más énfasis, más allá de que haya gente a la que no le agrada la participación comunal. Claro, esto promueve que el vecino se meta en los asuntos de gobierno, y pueden surgir cosas cuestionables de la administración, como por ejemplo lo ocurrido con el viejo hospital, que se impidió la venta a partir de la intervención de la asamblea de Beccar y varios vecinos.

Por último ¿Cuál es el significado que le asignas a la política?

Hay un descrédito de la política, que es injusto en buena medida, la política en sí, es una ocupación que debe existir, es legítima la representación política, la expresión de las ideas y el tratar de conseguir puestos de gobierno para ponerlos a funcionar de forma más conveniente. Ahora, aquí como en otros ámbitos, se han utilizado mucho los cargos públicos, no para servir a los ciudadanos, sino para servirse de ellos y enriquecerse, incluso para protegerse con fueros de la acción de la justicia. De esta forma la política manifiesta un descrédito generalizado, pero la ciudadanía tiene que comprender que los puestos públicos deben ser una carga. De la misma forma que ser testigo en un proceso judicial, es una carga pública, que uno está obligado con la ley, y cumplir con la ley no siempre es cómodo, ni para los gobernantes ni para los gobernados.
Tenemos que hacernos cargo de las obligaciones y si a veces reclamamos nuestros derechos con entusiasmo, debemos cumplir con nuestras obligaciones de la misma forma.

SECUELAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

La dictadura del 76’ además de destrozarme físicamente, me destrozó los vínculos familiares. Salí muy mal”, cuenta Alfredo ‘Mantecol’ Ayala, militante peronista de 54 años, a la hora de recordar la manera en que encauzó su vida familiar y particularmente la relación con sus hijos
después de haber estado preso en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante casi tres años.
En el año 77’ Alfredo fue secuestrado tras varios operativos fallidos por las fuerzas militares en las inmediaciones de Bancalari. Hasta principios del año 80’, cuando comete una inusual huida de la ESMA, fue torturado y utilizado como mano de obra esclava para, la construcción de infraestructura, con fines de ser usada a su vez, para armar un mundial de fútbol, que le sirvió a
la cúpula militar para ocultar el terrorismo que el Estado argentino estaba cometiendo y para menguar las criticas internacionales sobre violación de derechos humanos en nuestro país.
Mantecol, aludiendo al sobrenombre de guerra que utilizó desde su adhesión a la Juventud Peronista, nació en Corrientes en una familia que él denomina como “bastión peronista”. A los siete años, por problemas económicos devenidos de la destitución al cargo de comisario que sufre su padre por ser militante peronista en años de la proscripción, Mantecol llega a Buenos Aires en compañía de su padre y se instalan a vivir en lo de unos tíos en el barrio “Uruguay” del partido de San Isidro; barrio al que él se niega a llamarlo villa y en el que actualmente reside con su “compañera” Tita y sus dos hijos menores.
Su adolescencia fue momento de profundas acciones que marcaron el resto de su vida militante. Con otros jóvenes se reunían en “cocheras, en casas abandonadas, en bares de viejos compañeros, a hablar del peronismo, de la necesidad de alzar nuevamente sus banderas de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política”.
Al vislumbrar un paralelismo entre la juventud de su tiempo y la actual, Mantecol se contenta de que su hijo de 18 años esté al frente de la juventud peronista de la agrupación “26 de Julio” a la cual él pertenece. Reconoce que el escenario social y político de la Argentina cambió y permitió una revalorización de la militancia. Siente, algo reconfortado, que los jóvenes de hoy pueden redefinir y continuar la lucha que su generación emprendió, identificando como enemigo, no ya al terrorismo de Estado, sino a la pobreza y a la desigualdad. “Nosotros perdimos una generación y eso se notó en la década del 90’; jóvenes sin convicción, muy confundidos, apoliticos, la lucha pasaba por lo material cuando la lucha de los peronistas ante todo siempre fue por la idea, como decía el General.

Antes, en mi época, si bien la pobreza era el enemigo; el quilombo era tal que la juventud tuvo que luchar contra las fuerzas armadas, contra el poder financiero, contra el modelo antitrabajadores y antipopular de la derecha. Luchó con armas, con ideas y con la propia vida. Recién hoy la lucha es enteramente contra la pobreza y la desigualdad”. Los ojos y el tono de voz de Mantecol, muy particularmente aguda por los problemas que le ocasionaron de por vida las torturas recibidas, se quiebran ante la pregunta sobre su hijo mayor; el de 24 años.

En principio atribuye la difícil relación que tiene con él, que está en proceso de recuperación, al odio y rencor que Alfredo engendró desde su huida de las rejas militares. Tras una reflexión más elaborada reconoce que su hijo, quien no comparte la actividad militante de su padre, fue víctima de la desvalorización que sufrió la política a partir de los años 90’.

“Creo que la juventud de esa década fue acritica con la realidad, con los problemas sociales y con
la política en general por todo lo que sembró la dictadura de los años 70. Y porque el menemismo quiso convertir al peronismo en un aparato partidario sin mística y sin banderas. La figura del militante quedó ridiculizada”.
Contundente, Mantecol dice al respecto que no olvida, ni perdona pero si sostiene la lucha por la igualdad.

LOS DERECHOS DEL NIÑO

*Por el Dr. Eduardo Luis Duhalde

Secretario de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
realiza múltiples acciones tendientes a la a promoción y protección de los derechos humanos. Para ello, planifica programas que velen por el cumplimiento de las normas que reconocen y reglamentan los derechos fundamentales en el país; formula políticas, proyecta normas y ejecuta programas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación de grupos o personas. Desde el inicio de la actual gestión de Gobierno, se comenzó a trabajar activamente a partir de un enfoque transversal de los derechos humanos bajo los principios rectores de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos de ellos con jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Así, se inició la tarea de trabajar en la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ello se tomó como marco la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y se determinó dirigir todos los esfuerzos hacia su efectiva
implementación. En primer lugar, se adoptaron como principios rectores de nuestras acciones aquellos emanados de la misma Convención.

En este sentido, esta Secretaría sostiene en todos los ámbitos de acción, la necesidad de tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, esto es, como titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, dado que la Convención es un instrumento de derechos humanos, también debe reafirmarse el compromiso y la responsabilidad indelegable del Estado como encargado de garantizar la protección de los derechos reconocidos.

Por ello, esta Secretaría promueve activamente las reformas legislativas, administrativas e institucionales a los efectos de dar efectividad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un paso fundamental en esta línea, es la reciente sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que permite dejar atrás un régimen tutelar de Patronato, violatorio de derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes e iniciar así, el demorado proceso de reformas institucionales y normativas.
A esto cabe agregar el impulso que se ha realizado desde noviembre de 2003 para el diseño de un Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este ha sido plasmado en su presentación en la Casa de Gobierno por el Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner, el 17 de junio de 2005. Se sientan así las bases de una política de Estado para la infancia que garantice todos los derechos para todos los niños de acuerdo a los postulados de la CDN.
Actualmente la coordinación de este Plan se ejerce desde el Consejo Coordinador de Políticas Sociales. La Secretaría de Derechos Humanos es la responsable de garantizar el enfoque de derechos de dicha política pública. En este marco, se ha decidido realizar la presente publicación en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la CDN. En dicho instrumento el Estado ha asumido entre sus obligaciones, dar amplia difusión a los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Esta Secretaría considera fundamental dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes sus derechos, a través de la misma lectura del instrumento que los reconoce. Se estima que de esta manera se podrá construir en las nuevas generaciones una cultura respetuosa de los derechos fundamentales, y brindar herramientas para el reclamo de tales derechos.
Por otra parte, difundir cuáles son las obligaciones del Estado, de la comunidad y de los adultos respecto de los derechos de los niños de forma general contribuye a construir esta cultura de derechos humanos y profundiza el respeto de los valores democráticos.

Finalmente, ansiamos que este acercamiento de los instrumentos de derechos humanos a la comunidad y la difusión de los derechos humanos allí reconocidos sea un aporte fundamental en la conciencia de la sociedad que contribuya a evitar nuevas irrupciones al ordenamiento democrático y las imposiciones de regímenes totalitarios como los que en nuestro pasado más reciente avasallaron las libertades más elementales de los seres humanos.