*Por Santiago CafieroLic. Ciencia Política, UBA
Toda sociedad se constituye como tal y forja su propia identidad a partir de la decisión intersubjetiva de compartir un proyecto de vida común, teniendo en cuenta las tradiciones, las costumbres y la cultura. Se establecen relaciones sociales, económicas, ideológicas, políticas y religiosas, que encuentran en la conformación del Estado su marco normativo, un orden en el cual debe garantizarse la convivencia entre sus integrantes.
Los Derechos Humanos resultan esenciales en la definición del modelo de sociedad, de Estado y de Régimen Político, del mismo modo que, el cercenamiento, omisión o ausencia de los mismos, conducen tarde o temprano a la disolución, desintegración social y crisis institucional. El sistema democrático jamás puede prescindir de ser garante del ejercicio pleno de los Derechos Humanos ya que es totalmente contradictorio con su supervivencia.
Nuestro país en distintos momentos de su historia ha transitado por períodos autoritarios y represivos que
instituían un orden caracterizado por el disciplinamiento social instrumentando la supresión de libertades individuales, garantías constitucionales y derechos políticos, de representación y participación. La última dictadura militar a fuerza de muerte y desapariciones produjo en nuestra sociedad un profundo conflicto que aún manifiesta señales contradictorias con respecto a la comprensión cultural acerca de la importancia de la defensa de los Derechos Humanos para nuestro desarrollo como nación. Durante los años 90´ esta discusión imprescindible quedó postergada bajo el discurso neoliberal de la reconciliación nacional.
Los Derechos Humanos resultan esenciales en la definición del modelo de sociedad, de Estado y de Régimen Político, del mismo modo que, el cercenamiento, omisión o ausencia de los mismos, conducen tarde o temprano a la disolución, desintegración social y crisis institucional. El sistema democrático jamás puede prescindir de ser garante del ejercicio pleno de los Derechos Humanos ya que es totalmente contradictorio con su supervivencia.
Nuestro país en distintos momentos de su historia ha transitado por períodos autoritarios y represivos que
instituían un orden caracterizado por el disciplinamiento social instrumentando la supresión de libertades individuales, garantías constitucionales y derechos políticos, de representación y participación. La última dictadura militar a fuerza de muerte y desapariciones produjo en nuestra sociedad un profundo conflicto que aún manifiesta señales contradictorias con respecto a la comprensión cultural acerca de la importancia de la defensa de los Derechos Humanos para nuestro desarrollo como nación. Durante los años 90´ esta discusión imprescindible quedó postergada bajo el discurso neoliberal de la reconciliación nacional.
Fieles a su concepción pragmática y reduccionista de la historia, el debate acerca de los derechos humanos quedó circunscripto a la idea de la pacificaciónentre los argentinos a través del perdón y los indultos a los genocidas del pasado. Para el neoliberalismo este mensaje resultaba central y fuertemente funcional al modelo económico de exclusión que llevaron adelante frente a una sociedad inmersa en una profunda crisis de identidad
y pertenencia.
Por eso resulta sumamente importante comprender el alcance integral que conlleva el concepto de Derechos
Humanos. En el marco de principios tales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia y la libertad, los Derechos Humanos se definen como todos aquellos derechos civiles y políticos sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derecho a la nacionalidad, a la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión, de pensamiento y de religión. A esta categoría se la denomina Derechos de Primera Generación. Los de Segunda Generación constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, como el Derecho a la seguridad social, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derecho a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado que le asegure a la gente salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación. Y en cuanto a los derechos de Tercera Generación se encuentran los destinados a garantizar el desarrollo y crecimiento social, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, a la coexistencia pacífica, el medio ambiente, entre otros.
Tras la profunda crisis estructural del 2001 la iniciativa del gobierno del Presidente Néstor Kirchner de colocar como eje de su gestión la política integral de los Derechos Humanos es un paso fundamental para la construcción de un nuevo proyecto de país y de sociedad.
Cobra importancia entonces esta aproximación conceptual para la comprensión y aprendizaje acerca de los Derechos Humanos para poder entender qué papel juegan en el de las relaciones que, como vecinos, mantenemos en nuestra comunidad. En este sentido nos resulta imprescindible comenzar a realizarnos algunas preguntas al respecto; ¿cómo afectan el ejercicio pleno o no de los Derechos Humanos en nuestra vida cotidiana a nivel local?, ¿si son respetados y promovidos al conjunto de los vecinos?, y ¿quién o quienes deben garantizar la protección
de los mismos?
y pertenencia.Por eso resulta sumamente importante comprender el alcance integral que conlleva el concepto de Derechos
Humanos. En el marco de principios tales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia y la libertad, los Derechos Humanos se definen como todos aquellos derechos civiles y políticos sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, derecho a la nacionalidad, a la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión, de pensamiento y de religión. A esta categoría se la denomina Derechos de Primera Generación. Los de Segunda Generación constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, como el Derecho a la seguridad social, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derecho a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado que le asegure a la gente salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación. Y en cuanto a los derechos de Tercera Generación se encuentran los destinados a garantizar el desarrollo y crecimiento social, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, a la coexistencia pacífica, el medio ambiente, entre otros.
Tras la profunda crisis estructural del 2001 la iniciativa del gobierno del Presidente Néstor Kirchner de colocar como eje de su gestión la política integral de los Derechos Humanos es un paso fundamental para la construcción de un nuevo proyecto de país y de sociedad.
Cobra importancia entonces esta aproximación conceptual para la comprensión y aprendizaje acerca de los Derechos Humanos para poder entender qué papel juegan en el de las relaciones que, como vecinos, mantenemos en nuestra comunidad. En este sentido nos resulta imprescindible comenzar a realizarnos algunas preguntas al respecto; ¿cómo afectan el ejercicio pleno o no de los Derechos Humanos en nuestra vida cotidiana a nivel local?, ¿si son respetados y promovidos al conjunto de los vecinos?, y ¿quién o quienes deben garantizar la protección
de los mismos?
Partiendo de un análisis inicial podemos observar que, San Isidro, ocupa una dimensión de 48 Km2 con una
población que asciende los 298.000 habitantes distribuida en seis localidades; Acassuso, Beccar, Boulogne Sur Mer, Martínez, San Isidro y Villa Adelina. A lo largo de sus calles se percibe con claridad, la ausencia de una visión integral y la falta de un plan estratégico participativo, para el desarrollo y crecimiento equitativo en términos sociales, políticos y habitacionales.
Las asimetrías por tomar un ejemplo entre, Martínez y Villa Adelina, o más aún entre, Boulogne y San Isidro, dan cuenta de una visión sesgada y excluyente que hace difícil el camino hacia un proceso de integración del conjunto de la comunidad. La negación a la participación plena de los vecinos en el control y la toma de decisiones municipales a nivel institucional, cercenan el derecho legítimo de la comunidad, de poder debatir y elegir qué San Isidro pretendemos construir para los próximos 15 años.
Como contrapartida es posible observar a modo de ejemplo las frecuentes inyecciones de cemento que se suceden en emprendimientos propios de un buen negocio inmobiliario que resulta para unos pocos y uno muy malo para los vecinos, quienes ven transformada la fisonomía de su barrio o bien deben abandonarlo debido a que les es imposible sostenerse económicamente en el lugar donde se criaron o forjaron su identidad familiar.
Asimismo, esta falencia arroja un manto de duda sobre la planificación urbana del distrito, la protección ambiental, la pérdida de espacios verdes, la sobrecarga de servicios públicos. Este modelo centralizado de gestión de ciudad/municipio que excluye la participación efectiva de los vecinos en el diseño de su comunidad, no sólo ignora la diversidad y riqueza que surge del diálogo, sino que sólo se hace eco de los reclamos del mercado, funcional a la política de exclusión, marginación y pobreza.
Ante este avasallamiento que algunos presentan como inexorable hacemos hincapié en que, el gobierno local, debería inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas, para una justa distribución de las cargas y los beneficios del proceso de urbanizacióny; la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano.
Está encomendado a adoptar políticas de estado eficientes para prevenir la ocupación desordenada del territorio y la contaminación, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, y recuperación de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.
Respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y a promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientosurbanos, en procura de la defensa de los derechos de todos.
Hoy en día en otro orden vemos con perplejidad que Derechos prioritarios como al acceso a una vivienda digna y a la contención integral de los vecinos en situación de extrema pobreza, parecen ser olvidados tras el “inevitable avance del desarrollo”. Más de 28.000 sanisidrenses son pobres; 1.958 son analfabetos; el 35% no tiene cobertura médica alguna y 31.673 de nuestros vecinos están sin empleo.
población que asciende los 298.000 habitantes distribuida en seis localidades; Acassuso, Beccar, Boulogne Sur Mer, Martínez, San Isidro y Villa Adelina. A lo largo de sus calles se percibe con claridad, la ausencia de una visión integral y la falta de un plan estratégico participativo, para el desarrollo y crecimiento equitativo en términos sociales, políticos y habitacionales.
Las asimetrías por tomar un ejemplo entre, Martínez y Villa Adelina, o más aún entre, Boulogne y San Isidro, dan cuenta de una visión sesgada y excluyente que hace difícil el camino hacia un proceso de integración del conjunto de la comunidad. La negación a la participación plena de los vecinos en el control y la toma de decisiones municipales a nivel institucional, cercenan el derecho legítimo de la comunidad, de poder debatir y elegir qué San Isidro pretendemos construir para los próximos 15 años.
Como contrapartida es posible observar a modo de ejemplo las frecuentes inyecciones de cemento que se suceden en emprendimientos propios de un buen negocio inmobiliario que resulta para unos pocos y uno muy malo para los vecinos, quienes ven transformada la fisonomía de su barrio o bien deben abandonarlo debido a que les es imposible sostenerse económicamente en el lugar donde se criaron o forjaron su identidad familiar.
Asimismo, esta falencia arroja un manto de duda sobre la planificación urbana del distrito, la protección ambiental, la pérdida de espacios verdes, la sobrecarga de servicios públicos. Este modelo centralizado de gestión de ciudad/municipio que excluye la participación efectiva de los vecinos en el diseño de su comunidad, no sólo ignora la diversidad y riqueza que surge del diálogo, sino que sólo se hace eco de los reclamos del mercado, funcional a la política de exclusión, marginación y pobreza.
Ante este avasallamiento que algunos presentan como inexorable hacemos hincapié en que, el gobierno local, debería inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas, para una justa distribución de las cargas y los beneficios del proceso de urbanizacióny; la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano.
Está encomendado a adoptar políticas de estado eficientes para prevenir la ocupación desordenada del territorio y la contaminación, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, y recuperación de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.
Respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y a promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientosurbanos, en procura de la defensa de los derechos de todos.
Hoy en día en otro orden vemos con perplejidad que Derechos prioritarios como al acceso a una vivienda digna y a la contención integral de los vecinos en situación de extrema pobreza, parecen ser olvidados tras el “inevitable avance del desarrollo”. Más de 28.000 sanisidrenses son pobres; 1.958 son analfabetos; el 35% no tiene cobertura médica alguna y 31.673 de nuestros vecinos están sin empleo.
Cuántos Derechos se ven vulnerados en cada uno de estos indicadores sociales; cuántas reivindicaciones de los muertos del ayer se muestran obsoletas ante esta realidad. Cuáles son los valores que mueven nuestra comunidad. San Isidro, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, niños y ancianos debe suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la reconstrucción de valores colectivos. 
Todas las personas tienen derecho a la educación. La comuna, no debe asilarse de las políticas nacionales y provinciales, sino comprometerse fuertemente en garantizar el acceso a la educación elemental de todos los niños y niñas, y jóvenes en edad escolar independientemente de los indicadores de escolaridad. San Isidro no puede permitirse que ningún niño o joven se mantenga por fuera del sistema educativo. También debe ir más allá de la política de subsidios a la educación para adultos. En conjunto con otras instancias del gobierno, la municipalidad debe desarrollar un papel protagónico en la implementación de políticas para democratizar el acceso a la educación superior para los grupos vulnerables y no esperar que otros organismos se hagan cargo, ya que, desde la visión humanista y solidaria este es un rol indelegable.
Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. El gobierno local debe, contribuir seriamente, en la lucha contra el desempleo de nuestra comunidad. Asimismo, promover la actualización y la recalificación de los trabajadoresempleados o no, a través de la formación permanente. Generar políticas para la integración progresiva del comercio informal que realizan los vecinos de bajos ingresos o desempleados, evitando su eliminación; disponer de espacios para su ejercicio y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana. Y sobre todo atender los reclamos democráticamente de los trabajadores municipales para el mejoramiento de la calidad laboral de los mismos, como por ejemplo la situación por la que transitan los profesionales médicos del Hospital Central y del resto de los centros de asistencia bajo el sistema de salud municipal.
Todas las personas tienen derecho a la justicia. El municipio debe adoptar medidas, sin esquivar la real división de poderes, para mejorar el conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos que les asiste a los vecinos y el libre acceso a la justicia. Otorgar mecanismos especiales en favor de los grupos vulnerables de la población, y fortalecer los sistemas de defensa pública gratuita. La correcta administración de justicia debe contemplar un trato transparente, sin impunidad, con independencia del poder político. Más allá de que el gobierno local contribuya con empleados municipales a través de partidas presupuestarias dedicadas a tal fin, debe garantizarse la independencia de la justicia.
El gobierno local, para salvaguardar el principio de transparencia en la gestión, necesita redefinir la estructura administrativa de modo tal que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los ciudadanos y que los mismos puedan ejercer el derecho de control sobre las acciones y decisiones de quienes los representan en cada ámbito institucional. Conforme con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formular y aplicar
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad y la obligación de rendir cuentas. Asimismo, contemplar el derecho a la participación directa, equitativa y deliberativa en la definición de las políticas y presupuesto municipal, en canales institucionales, abiertos a todos los ciudadanos, organizaciones comunitarias y comisiones sectoriales y territoriales.
En suma resulta indispensable que todos comencemos a reflexionar y a asumir el papel fundamental que juega la implementación de políticas en San Isidro destinadas a promover y garantizar el pleno acceso a los Derechos Humanos. Como vemos, estos no sólo refieren a una reivindicación histórica y legítima de los 30.000 desaparecidos que produjo la dictadura genocida, sino que son presente y sobretodo futuro. San Isidro, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, niños y ancianos debe suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la reconstrucción de valores colectivos. La comunidad debe ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la reproducción social del hábitat.
Todas las personas tienen derecho a la educación. La comuna, no debe asilarse de las políticas nacionales y provinciales, sino comprometerse fuertemente en garantizar el acceso a la educación elemental de todos los niños y niñas, y jóvenes en edad escolar independientemente de los indicadores de escolaridad. San Isidro no puede permitirse que ningún niño o joven se mantenga por fuera del sistema educativo. También debe ir más allá de la política de subsidios a la educación para adultos. En conjunto con otras instancias del gobierno, la municipalidad debe desarrollar un papel protagónico en la implementación de políticas para democratizar el acceso a la educación superior para los grupos vulnerables y no esperar que otros organismos se hagan cargo, ya que, desde la visión humanista y solidaria este es un rol indelegable.
Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. El gobierno local debe, contribuir seriamente, en la lucha contra el desempleo de nuestra comunidad. Asimismo, promover la actualización y la recalificación de los trabajadoresempleados o no, a través de la formación permanente. Generar políticas para la integración progresiva del comercio informal que realizan los vecinos de bajos ingresos o desempleados, evitando su eliminación; disponer de espacios para su ejercicio y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana. Y sobre todo atender los reclamos democráticamente de los trabajadores municipales para el mejoramiento de la calidad laboral de los mismos, como por ejemplo la situación por la que transitan los profesionales médicos del Hospital Central y del resto de los centros de asistencia bajo el sistema de salud municipal.
Todas las personas tienen derecho a la justicia. El municipio debe adoptar medidas, sin esquivar la real división de poderes, para mejorar el conocimiento y el ejercicio pleno de los derechos que les asiste a los vecinos y el libre acceso a la justicia. Otorgar mecanismos especiales en favor de los grupos vulnerables de la población, y fortalecer los sistemas de defensa pública gratuita. La correcta administración de justicia debe contemplar un trato transparente, sin impunidad, con independencia del poder político. Más allá de que el gobierno local contribuya con empleados municipales a través de partidas presupuestarias dedicadas a tal fin, debe garantizarse la independencia de la justicia.
El gobierno local, para salvaguardar el principio de transparencia en la gestión, necesita redefinir la estructura administrativa de modo tal que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los ciudadanos y que los mismos puedan ejercer el derecho de control sobre las acciones y decisiones de quienes los representan en cada ámbito institucional. Conforme con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formular y aplicar
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad y la obligación de rendir cuentas. Asimismo, contemplar el derecho a la participación directa, equitativa y deliberativa en la definición de las políticas y presupuesto municipal, en canales institucionales, abiertos a todos los ciudadanos, organizaciones comunitarias y comisiones sectoriales y territoriales.
En suma resulta indispensable que todos comencemos a reflexionar y a asumir el papel fundamental que juega la implementación de políticas en San Isidro destinadas a promover y garantizar el pleno acceso a los Derechos Humanos. Como vemos, estos no sólo refieren a una reivindicación histórica y legítima de los 30.000 desaparecidos que produjo la dictadura genocida, sino que son presente y sobretodo futuro. San Isidro, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, niños y ancianos debe suprimir los obstáculos de orden político, económico y social que limiten la reconstrucción de valores colectivos. La comunidad debe ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la reproducción social del hábitat.
Todas las personas tienen el derecho de encontrar en su localidad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad.
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